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Hace unos días, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, pedía una reflexión, dentro de la futura Comisión del Pacto de Toledo, sobre las prejubilaciones, sobre la conveniencia de retirar a un trabajador a los 55 años 'a un rincón como si fuera un jarrón chino'.

Los últimos datos del Ministerio de Trabajo, hasta agosto, revelan que el 42,2% de las nuevas jubilaciones se producen antes de los 65 años. De ellas, más de la mitad cuentan con algún coeficiente reductor en la pensión, un castigo por jubilarse antes de la edad legal.

Aún así, los jubilados anticipadamente en 2008 cobran una pensión media mayor que los que se jubilan a los 65 años, 1.220 euros frente a los 1.001 euros, tal vez porque muchos de los trabajadores que se retiran más tarde no pueden permitirse que le apliquen una reducción a su limitada base de cotización.

A la jubilación anticipada se puede acceder por dos vías: por decisión voluntaria del trabajador a partir de los 60 años, tras contar con un periodo de cotización de 30 años, o por decisión de la empresa.

En tiempo de crisis, la prejubilación es un instrumento que las compañías utilizan para aligerar sus plantillas, al mandar al paro al empleado (con el consiguiente sobrecoste para el Servicio Público de Empleo) hasta que acceda a la jubilación anticipada a partir de los 60 años. Para las empresas puede ser una buena herramienta, dentro de expedientes de regulación de empleo, pero tiene un elevado coste para las arcas públicas (tanto por avanzar el periodo de cobro de las pensiones como por dejar de contribuir anticipadamente). Estas prejubilaciones son las que Corbacho quiere limitar.

Este año la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo debe debatir la renovación del acuerdo, que llevará gran parte de la legislatura, con las posibles modificaciones para la Seguridad Social. Dentro de los diferentes grupos de la Cámara baja parece constatarse un consenso sobre la necesidad de alargar la vida laboral para resistir el envite de los más de 230.000 nuevos jubilados por año. Y sin olvidar que una crisis duradera puede rebajar considerablemente el número de cotizantes (sólo desde enero, la Seguridad Social ha perdido 432.000 afiliados).

El PSOE, en su programa electoral, recoge la necesidad de adoptar 'medidas económicamente atractivas que permitan la permanencia, en régimen de voluntariedad, en la actividad, de modo que la sociedad pueda aprovechar los conocimientos de los trabajadores de edad y el sistema de pensiones se vea beneficiado por la menor entrada de nuevos pensionistas'. Por ello, proponen un Plan nacional de promoción de envejecimiento activo y la compatibilidad entre la pensión y el trabajo por cuenta ajena.

Una idea compartida por el portavoz del PP en la comisión, Tomás Burgos, ya que cuanto más se acerque la jubilación a los 65 años 'supone un aumento en las cotizaciones sociales y un ahorro en pensiones'. Burgos cree que debe incentivarse una jubilación gradual, fomentar el retraso voluntario de la edad de retiro y aumentar el importe de la pensión máxima como estímulo.

Pero los sindicatos no lo ven tan claro. Dentro de la negociación colectiva, la jubilación anticipada y la prejubilación son herramientas útiles que no provocan rechazo en las plantillas, por eso muchas federaciones sindicales no quieren que se reduzca su uso. Salvador Bangueses, secretario de Política Institucional de CC OO, explica que la prolongación de la vida laboral es un debate falso, ya que en España la edad media de jubilación (63,5 años) se acerca bastante a la legal (65 años). El secretario de Empleo y Protección Social de UGT, Jesús Pérez, asegura que la jubilación anticipada 'sale bastante cara', por lo que muchos trabajadores no se acogen a ella. Ni siquiera en esta crisis, señala, 'está habiendo un repunte excesivo'. Bangueses señala otros peligros para el sistema de Seguridad Social, como la permanencia de regímenes especiales con bases de cotizaciones menores o las promesas electorales.