En la práctica, es más que probable que los Quince aprueben un calendario que afecte sólo a los grandes o cualificados clientes (empresas e industrias, en general), el 60% del mercado, aunque en teoría, tuvieran previsto poner fecha a la liberación total del sector de la electricidad -uno de los sectores más importantes de la economía europea- y del gas. Y es que, pese a las ambiciosas pretensiones de la agenda, el Consejo Europeo no ha tenido más remedio que rebajar las expectativas para esta convocatoria, si quiere lograr un consenso que recobre el espíritu de convertir la UE en la economía más dinámica del mundo en 2010.

Las cumbres de Lisboa y Estocolmo reflejaron fuertes divergencias en el seno de la Unión, aún sin disipar: frente a la mayoría de Estados miembros, que han progresado debidamente en la apertura de sus mercados energéticos e incluso, en algunos casos, superado con creces los objetivos comunitarios, se yergue el poderoso eje París-Berlín que frena el viento liberalizador en Europa y la apertura de los mercados a los particulares, apoyados sobre todo por Reino Unido, Italia y España. La mayoría de los países teme que el desencuentro impida lograr unas condiciones de competencia equitativas en el mercado interior.

En la reunión de los ministros de Finanzas (Ecofin) celebrada este mes en Bruselas, Francia se negó, tajantemente y de antemano, a que en Barcelona se dé un paso que vaya más allá de liberalizar el mercado eléctrico para los grandes clientes. Mientras el canciller alemán Gerhard Schröder pide "un equilibrio entre la liberalización de los mercados y la responsabilidad social", París exige una mayor preocupación social en la Unión, de forma que la liberalización energética vaya acompañada de reformas fiscales y sociales que beneficien a la ciudadanía. Mejor no esperar a que hagan grandes concesiones de última hora en Barcelona, ya que el contexto político de ambos países desaconseja provocar desaires: Francia celebra elecciones presidenciales y legislativas antes de acabar el verano, y Alemania ha convocado elecciones generales para el otoño.
El voto francés -con el respaldo político de Berlín- bloqueó hace un año en Estocolmo la propuesta mayoritaria para que en 2005 la liberalización energética sea total, implantando sólo un programa mínimo en ese sentido. Dicho de otro modo, alcanzar un compromiso en Barcelona implicará la liberalización para las empresas, pero en ningún caso que los consumidores domésticos puedan elegir en 2005 qué compañía les suministrará el gas y la electricidad.
La vicepresidenta y comisaria de Transportes y Energía de la Comisión Europea, Loyola de Palacio, se apresuró a señalar que si no se llega a un acuerdo sobre la liberalización del gas y de la electricidad, "no quedará más remedio que actuar conforme a los tratados", bien en el Consejo de Ministros de Energía, que se reúne el 5 de junio, o antes del verano por parte de la CE.

La presidencia española pretende, por último, establecer "un calendario cuantificado" para las interconexiones, que permita trabajar sobre la propuesta de la CE de triplicarlas entre la Península Ibérica y Francia, y evitar el aislamiento energético de España en Europa, con sólo un 3% de interconexión de redes. Además, intentará fomentar el control del impacto energético en el medio ambiente e impulsar el desarrollo de las energías renovables.

El problema español
Desde hace meses, el suministro de gas y electricidad no basta para satisfacer la demanda de energía final, que el Ministerio de Economía calcula que crecerá un 3,5% entre este año y 2011 y cubrirá, en gran parte, el gas natural. Las horas de corte del suministro eléctrico aumentaron en 2001 hasta 3,7 horas (o un 21,7%), frente a las 3,04 horas del ejercicio 2000. El escándalo de apagones veraniegos e invernales ha puesto de manifiesto que la energía es una asignatura pendiente en España y no un problema circunstancial debido a la climatología: mal tiempo, tormentas de nieve, falta de recursos hidráulicos.
El problema reside en que los precios de mercado están excesivamente regulados y no recogen los movimientos de la oferta y la demanda en electricidad y gas, lo que desincentiva las inversiones.
Los consumidores alegan que los precios que pagan por una cobertura escasa es igual o superior al que cobran los competidores europeos por un suministro de mejor calidad. Las compañías, sin embargo, exigen una subida de tarifas para incrementar la inversión, y amenazan con más apagones en los próximos meses si el Ejecutivo no las autoriza. Por otro lado, Repsol YPF y Gas Natural denuncian la "menos clara y rápida" liberalización del sector del gas con respecto al eléctrico.
Economía ha remitido al Congreso un documento definiendo la política energética española. Los proyectos de planificación y desarrollo mínimos de las redes de transporte eléctrico y gasístico se cifran en 6.500 millones de euros, con una cifra máxima de inversión de 10.000 millones.
El mapa final se cerrará cuando el Gobierno recabe las aportaciones del sector, CCAA y la Comisión Nacional de la Energía (CNE).